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Corte Suprema acoge amparo económico presentado por empresas proveedoras contra bases de licitación de la Junaeb - Fuente: El Mercurio Legal, martes 11 de julio de 2017
Por considerar algunas de las exigencias estipuladas como ilegales, la Corte Suprema —aunque en fallo dividido (rol 6.080-2017)—acogió el recurso de amparo económico presentado por distintas empresas proveedoras contra las bases de licitación de los programas de alimentación escolar y parvularia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

De esta forma, para la Tercera Sala del máximo tribunal, compuesta por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco y Manuel Antonio Valderrama, algunas de los requisitos establecidos atentarían contra la libertad económica, como es la implementación de un sistema biométrico para los usuarios de estos programas. A su juicio, el problema subyace en que la utilización de este sistema digital radica en imponer a las compañías involucradas “una obligación que no están en situación de cumplir, al menos, cabalmente, toda vez que la obtención de los datos de que se trata queda supeditada a la autorización previa de los beneficiarios, quienes por ser en este caso menores de edad, requieren de la concurrencia de un tercero que exprese su voluntad”.

En este sentido, agregan que esto significa “una traba al ejercicio de la actividad económica de los prestadores de servicios de alimentación, pues aun cuando se les impone una obligación que no están en condiciones de satisfacer, al menos en su integridad, deben entregar la ración de alimentos a aquellos estudiantes beneficiarios —declarados por la Junaeb al proveedor—, que no se encuentran enrolados en el sistema biométrico”.

Junto con eso, la Corte Suprema considera que en los requerimientos de información comercial indicados en estas bases de licitación no se da una igualdad de trato entre empresas nacionales y extranjeras, debido a que los oferentes que no hayan iniciado actividades en el país gozan de una ventaja respecto de quienes sí lo han hecho —independiente de su origen—. Esto, porque la mejor evaluación de la oferta “queda supeditada a la existencia o inexistencia de deudas en el informe comercial que han de presentar”, mientras que los primeros “no solo quedan relevados de la obligación, sino que además, prescindiendo de ella, se les asigna el mayor puntaje contemplado en la materia”.

Fallo dividido

La decisión fue adoptada con los votos en contra de las ministras Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval, para quienes esta acción “de urgente expedición”, denominada amparo económico, “no es la vía adecuada para sustanciar y resolver una materia como la planteada en el presente conflicto, misma que debe ser debatida en el procedimiento especialmente previsto al efecto por el legislador”, señala la primera, a lo que la segunda agrega, entre otros argumentos, que existen fundadas razones que conducen a descartar esta vía como “instrumento idóneo para dispensar protección al derecho de desarrollar una actividad económica lícita”.

Agregando que “la primera de ellas estriba en la imposibilidad de estimar como criterio racional que una persona directamente afectada por la vulneración de dicha garantía constitucional disponga —conforme a lo establecido en el Auto Acordado de esta Corte que regula su tramitación y fallo— de 30 días para deducir el recurso de protección, en tanto que un tercero sin interés actual alguno en la materia, según lo prescribe la Ley N° 18.971, cuente para ello con un plazo de seis meses. Enseguida, el diseño con que el referido cuerpo legal reguló el amparo económico impide considerarlo como un remedio eficaz disponible a favor de un particular para la salvaguarda de la garantía en referencia, desde que no se entregó al órgano jurisdiccional la facultad de adoptar providencias cautelares prontas e inmediatas para brindar resguardo al afectado, como sí se establecen en el artículo 20 de la Constitución Política tratándose del recurso de protección”.
 
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